El Concejo Deliberante de la localidad misionera de Olegario V. Andrade dispuso la suspensión por tres meses del edil R. K., tras quedar involucrado en una denuncia penal por el presunto acoso de dos adolescentes de 14 y 16 años. El funcionario habría intentado captar a las menores ofreciéndoles un terreno a cambio de una salida.
El relato de los hechos
El episodio denunciado ocurrió el pasado 3 de enero. Según el testimonio del padre de las jóvenes, el concejal abordó a las adolescentes en la vía pública mientras ellas se dirigían a realizar compras. Tras decirles que estaban «muy hermosas», les insistió para ir a tomar un helado a Cerro Azul.
La denuncia detalla que el funcionario:
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Utilizó su cargo como «chapa», asegurando que era concejal y «futuro intendente».
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Les ofreció la entrega de un terreno a cambio de que aceptaran su invitación.
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El padre afirma que este comportamiento era recurrente y que las jóvenes se sentían intimidadas previamente por ser un «pueblo chico».
Grave denuncia contra el accionar policial y judicial
A pesar de la suspensión administrativa del edil, la familia de las víctimas ha expresado una profunda indignación por el manejo del caso:
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Negativa inicial: Sergio, el padre de las menores, denunció que en la comisaría local intentaron caratular el hecho como una simple «exposición» y se negaron a tomar la denuncia formal en un primer momento.
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Perimetral insuficiente: La policía otorgó una restricción de acercamiento de 300 metros, pero la familia advierte que la medida solo lleva la firma del comisario y no la de un juez del Juzgado de Instrucción N° 5 de Alem.
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Falta de contención: Las menores están recibiendo asistencia psicológica privada, ya que el Estado no habría ofrecido dispositivos de acompañamiento ante el trauma.
“Están acorraladas, no quieren salir de casa. Esto no es que se perdió una gallina, es algo gravísimo porque son menores de edad”, manifestó el padre tras reclamar medidas de protección reales.
Situación institucional
Mientras la justicia penal investiga el presunto acoso, el cuerpo deliberativo de Andrade decidió apartar al concejal de sus funciones de manera preventiva por 90 días para no entorpecer la causa. El caso ha puesto la lupa sobre la ética de los funcionarios públicos y la capacidad de respuesta de las instituciones rurales ante delitos de integridad sexual.
