San Juan está experimentando una alarmante ola de estafas informáticas que está afectando a destacadas empresas locales. El Dr. Pablo Martín, fiscal de delitos informáticos y estafas, explicó que los delincuentes están utilizando un virus troyano para tomar el control de cuentas bancarias y realizar transferencias millonarias en cuestión de minutos.
El método consiste en infectar computadoras con un software malicioso que les permite a los estafadores operar a distancia. Recientemente, la Clínica Castaño fue víctima de esta modalidad, perdiendo cerca de 40 millones de pesos. De manera similar, la empresa Rafael Moreno sufrió pérdidas cuantiosas, aunque parte de esos fondos pudieron ser congelados por las entidades bancarias.
¿Cómo operan los estafadores?
El fiscal Martín detalló que el virus suele propagarse a través de correos electrónicos que contienen archivos PDF, enlaces maliciosos o incluso publicidad fraudulenta. Una vez que el malware se instala, permanece inactivo hasta que detecta que el usuario ingresa a su cuenta bancaria. En ese momento, el sistema se bloquea, el teclado se inhabilita y el virus ejecuta transferencias automáticas a cuentas recién creadas, lo que dificulta enormemente su rastreo.
Responsabilidad de los bancos y medidas de prevención
El Dr. Martín enfatizó que los bancos también tienen responsabilidad en la prevención de estos fraudes, ya que deben monitorear y bloquear movimientos inusuales. Sin embargo, la velocidad con la que operan los estafadores y la falta de controles exhaustivos complican la detección y prevención.
Para mitigar los riesgos, el fiscal aconsejó a las empresas invertir en ciberseguridad y capacitar a su personal. Señaló que la mayoría de las intrusiones se producen por fallas humanas, lo que resalta la importancia de la educación y la concienciación en el ámbito digital. Afortunadamente, en los casos investigados, no se ha detectado acceso a datos personales de pacientes o clientes; el único objetivo de los ciberdelincuentes es el robo de dinero.
Esta situación representa una llamada de atención urgente para el sector empresarial de San Juan, que debe adaptarse a la creciente realidad de los delitos informáticos para salvaguardar su patrimonio.
