Se trata de Nelson A Otarola, quien fue promovido a Comisario Inspector pese a tener un antecedente por conducir con 2,08 gramos de alcohol en sangre. El caso reabre el debate sobre los criterios de idoneidad en la fuerza.

SAN JUAN. — En medio de la reciente reconfiguración de la plana mayor y la tanda de ascensos oficializada por el Ejecutivo provincial, un nombre propio ha despertado un fuerte malestar tanto en los pasillos de la Central de Policía como en la opinión pública. El ascenso de Nelson A Otarola, quien pasó de Comisario a Comisario Inspector, puso bajo la lupa los mecanismos de control y ética de la institución.

El cuestionamiento no es menor: Otarola protagonizó tiempo atrás un grave siniestro vial en pleno centro de la Capital. En aquella oportunidad, el efectivo impactó contra un vehículo que esperaba en un semáforo. El test de alcoholemia posterior arrojó un resultado lapidario: 2,08 gramos de alcohol en sangre, una cifra que cuadruplicaba el límite permitido en aquel entonces y que, tratándose de un funcionario público encargado de velar por la ley, revistió una gravedad institucional inusitada.

¿Quién evalúa la idoneidad?

La promoción de Otarola, enmarcada en los ascensos de marzo de 2026, genera una serie de interrogantes sobre el funcionamiento de la Junta de Clasificación:

• Antecedentes disciplinarios: ¿Qué peso real tienen las faltas graves en el legajo a la hora de calificar a un efectivo para un cargo jerárquico?

• Mensaje a la fuerza: ¿Qué señal se envía a los agentes de rangos inferiores cuando un oficial superior es premiado tras una conducta que pone en riesgo la vida de terceros?

• Transparencia: Existe un marcado hermetismo sobre si el ahora Comisario Inspector cumplió efectivamente con sanciones administrativas o si el proceso interno fue omitido en la evaluación de ascenso.

El debate por la ética pública

En sectores vinculados a la seguridad y los derechos ciudadanos, el caso se percibe como un retroceso en la búsqueda de una fuerza policial profesional y ejemplar. Mientras la provincia endurece los controles viales para los civiles, el ascenso de un jefe con antecedentes por conducción peligrosa y estado de ebriedad parece contradecir los discursos de «tolerancia cero» y rigurosidad que emanan desde el Ministerio de Seguridad.

Por el momento, las autoridades de la fuerza no han emitido un comunicado oficial justificando la decisión, mientras que el malestar interno crece entre aquellos efectivos que, con legajos impecables, ven postergadas sus carreras frente a promociones que hoy están bajo sospecha social.