El equipo económico considera que el régimen actual está «quebrado» porque incentiva el enanismo fiscal. Buscan suavizar el salto hacia el régimen general de Autónomos dentro de una reforma escalonada y fiscalmente neutra acordada con el FMI. La negociación incluirá un pacto fiscal con las provincias en medio de una fuerte caída real de la coparticipación.

BUENOS AIRES – El Poder Ejecutivo nacional comenzó a delinear los trazos gruesos de una reforma estructural del Monotributo, un sistema que las principales espadas económicas de la Casa Rosada definen puertas adentro como «quebrado». Sin embargo, la premisa discursiva y operativa que emana de la mesa chica del presidente Javier Milei es inquebrantable: no se admitirá ninguna modificación que ponga en riesgo el superávit de las cuentas públicas.

Lejos de una estrategia de shock, el Ministerio de Economía comisionado por Luis Caputo trabaja en un esquema de reforma escalonada por etapas. El objetivo es evitar un bache en la recaudación en un contexto donde el Estado nacional continúa operando con una caja ajustada. La hoja de ruta oficial contempla postergar las bajas impositivas más costosas —como la reducción de retenciones, el impuesto al cheque o modificaciones profundas en el IVA— hasta que se consolide el crecimiento de la actividad o se profundice el recorte del gasto público.

El diagnóstico oficial: el freno al crecimiento y la transición a Autónomos

El Monotributo se ha transformado en uno de los puntos más sensibles del andamiaje fiscal, no solo por su impacto técnico sino por su volumen electoral, al englobar a millones de comerciantes, profesionales independientes y prestadores de servicios.

El diagnóstico que maneja el Palacio de Hacienda se apoya en dos distorsiones principales:

• Incentivos perversos: El Gobierno sostiene que el esquema actual fomenta el «enanismo fiscal», generando incentivos para que los pequeños contribuyentes fragmenten sus actividades o dejen de facturar con tal de no abandonar el régimen simplificado.

• El «abismo» del Régimen General: Actualmente, el salto de la última categoría del Monotributo hacia el régimen de Autónomos (que implica registrarse en IVA y Ganancias) representa un incremento patrimonial y burocrático abrupto.

La alternativa que gana terreno busca ordenar la transición entre ambos sistemas, suavizando los saltos de facturación y reduciendo la brecha de la carga tributaria para que los comercios puedan expandirse sin enfrentar un castigo fiscal inmediato. Desde la Casa Rosada insistirán en presentar este capítulo como un «ordenamiento del sistema» y no como un aumento de la presión impositiva.

El aval del FMI y la búsqueda de neutralidad fiscal

Este rediseño impositivo forma parte de los compromisos asumidos por la administración de La Libertad Avanza con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo multilateral de crédito solicitó formalmente una reforma que incremente la eficiencia del sistema, racionalice los beneficios fiscales y permita, a largo plazo, la remoción gradual de los llamados «impuestos distorsivos».

La letra chica del programa acordado con el Fondo exige que el proceso sea fiscalmente neutro. Esto significa que cualquier rebaja o eliminación de un tributo específico deberá compensarse en simultáneo con la ampliación de la base imponible de otros impuestos, la quita de exenciones vigentes o nuevas podas en el gasto del Estado.

Tensión con las provincias por la coparticipación y los ATN

El segundo gran eje de la reforma tributaria será la convocatoria a un nuevo pacto fiscal con los gobernadores. El Palacio de Hacienda pretende que las provincias y los municipios convaliden una reducción coordinada de tasas municipales, del Impuesto de Sellos y, fundamentalmente, de Ingresos Brutos, bajo el argumento de que una baja de tributos nacionales no tendrá un impacto real en la competitividad si los distritos subnacionales incrementan la presión local.

La negociación política con las provincias llega en un momento de máxima tensión financiera debido al recorte de flujos desde el Gobierno central:

• Coparticipación en rojo: De acuerdo con datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en abril de 2026 el Gobierno nacional giró a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) un consolidado de $5,584 billones (frente a los $4,362 billones de abril de 2025). Si bien representa un incremento nominal del 28%, al descontar el efecto de la inflación se traduce en una caída real del 3,2% (que se eleva al 3,7% de contracción real en el análisis de la coparticipación estricta).

• Recorte de transferencias no automáticas: El ajuste se profundizó mediante la Decisión Administrativa 20/2026, una reestructuración presupuestaria orientada a blindar el equilibrio fiscal. La misma le quitó al Ministerio del Interior un crédito de $320.671 millones, aplicando la baja directamente sobre el programa «Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional», la canilla principal utilizada para el giro de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El antecedente de la reforma laboral —donde el Ejecutivo debió retirar el capítulo de Ganancias por la resistencia de los mandatarios provinciales— dejó una lección en Balcarce 50. Por este motivo, la estrategia de enviar proyectos de ley fragmentados y por tramos busca licuar el costo político y evitar un rechazo en bloque en el Congreso de la Nación.