Tras el triunfo en el Senado con la reforma laboral, el oficialismo apunta ahora a Diputados para aprobar el nuevo Régimen Penal Juvenil. La iniciativa propone un cambio de paradigma respecto a la ley vigente desde 1980.
BUENOS AIRES – El Gobierno nacional aceleró este jueves su agenda de seguridad en el marco de las sesiones extraordinarias. El objetivo central es obtener la media sanción para el nuevo Régimen Penal Juvenil, un proyecto que busca derogar la Ley 22.278 (sancionada durante la última dictadura) y establecer la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La propuesta libertaria llega a la Cámara Baja con un terreno fértil, apoyada por una mayoría compuesta por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales, sumando 81 firmas en el plenario de comisiones.
Los pilares del proyecto oficialista
El dictamen del Ejecutivo no solo se centra en la edad, sino que redefine las penas y el tratamiento de los menores en conflicto con la ley penal:
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Penas Máximas: Se establece un tope de 15 años de prisión.
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Libertad Condicional: Podrá solicitarse al cumplir los dos tercios de la condena.
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Penalidades Alternativas: Para condenas menores a 3 años, se proponen medidas como servicios a la comunidad, prohibición de salida del país o restricción de contacto con las víctimas.
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Enfoque de Resocialización: El texto hace énfasis en la educación, el deporte y el tratamiento de adicciones.
Presupuesto y la figura del «Supervisor»
Una de las novedades es la asignación de una partida de $23.739 millones. Sin embargo, la distribución del gasto ha generado debate:
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$20.000 millones destinados a la Defensoría General de la Nación para garantizar la asistencia legal.
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$3.000 millones para el Ministerio de Justicia, destinados a la creación de los «supervisores», profesionales especializados (psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales) que realizarán un seguimiento semanal y estricto de cada adolescente.
La comparativa: Gobierno vs. Unión por la Patria
El peronismo presentó un dictamen de minoría, encabezado por Victoria Tolosa Paz, que marca distancias éticas y presupuestarias con el oficialismo.
| Característica | Proyecto Oficialista | Proyecto Unión por la Patria |
| Edad de imputabilidad | 14 años | 16 años (se mantiene) |
| Pena máxima | 15 años | 10 años |
| Presupuesto Infraestructura | Sin fondos específicos definidos | $5.800 millones iniciales |
| Prisión Preventiva | Habilitada según el proceso | Prohibida (salvo excepciones graves) |
El «Cuello de Botella»: La Infraestructura
A pesar del impulso legislativo, los datos del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) arrojan una realidad crítica. Argentina cuenta con solo 100 establecimientos especializados, la mayoría con diseños similares a cárceles comunes y falta de estándares mínimos.
«Existen 17 provincias que no superan las tres unidades de alojamiento y Tierra del Fuego no tiene ninguna», advierte el informe del organismo.
Con un plazo de adecuación de 180 días, el éxito de la ley dependerá no solo de los votos en el recinto, sino de una inversión real en infraestructura que hoy parece estar lejos de las cifras asignadas en el presupuesto actual.
