El fiscal Iván Grassi solicitó la entrevista videograbada de la menor de 9 años. La investigación apunta a determinar si hubo negligencia o si el hecho, que dejó a la niña con quemaduras graves, fue un accidente fortuito.

SAN JUAN – Tras el paréntesis del receso judicial, la UFI Delitos Especiales reactivó el legajo por el siniestro ocurrido en noviembre de 2025 durante una feria escolar en Ullum. El punto de inflexión de la causa será la declaración de la víctima, quien sufrió quemaduras de consideración tras la explosión de una maqueta de un volcán.

El testimonio más esperado

Luego de meses de tratamiento y curaciones en el Hospital Marcial Quiroga, los profesionales médicos dieron luz verde para que la niña preste declaración. El fiscal Iván Grassi ya solicitó la programación de la entrevista videograbada (Cámara Gesell).

Este paso es fundamental para:

• Reconstruir la mecánica: Confirmar si el fuego se inició por la manipulación de alcohol por parte de otro alumno.

• Evaluar responsabilidades: Determinar si hubo falta de supervisión adulta o si fue una acción imprevista de un menor.

Crónica de una muestra que terminó en tragedia

El hecho se produjo en una exposición de sexto grado. Según la denuncia de la madre, el experimento buscaba simular una erupción con chispas, pero la situación se descontroló cuando una botella con combustible (presuntamente alcohol) generó una llamarada que alcanzó el cuello de la pequeña.

La lupa sobre las autoridades y los elementos de seguridad

Un dato que no pasó desapercibido en el inicio de la instrucción fue el estado de los extintores del establecimiento.

• Matafuegos vencidos: Se constató que algunos dispositivos no estaban vigentes el día del evento.

• Gestión previa: La escuela presentó pruebas de haber solicitado la renovación al Ministerio de Educación antes de la feria, pero el recambio no se ejecutó a tiempo por parte de la cartera educativa.

Posibles escenarios legales

Desde la Fiscalía fueron claros sobre el futuro del expediente: si la Cámara Gesell y los peritajes demuestran que fue una «conducta propia de la edad» entre menores, sin intención de daño ni negligencia punible de los adultos a cargo, la causa podría archivarse por inexistencia de delito. Caso contrario, el enfoque podría girar hacia las responsabilidades civiles o administrativas por el estado de los elementos de seguridad.