El Poder Ejecutivo enfrenta una de sus encrucijadas fiscales más complejas tras la ratificación judicial de la Ley de Financiamiento Universitario. Con un plazo que vence este viernes por la mañana, la Casa Rosada debe definir cómo afrontará un costo estimado en $2.500.000 millones, una cifra que, según admiten fuentes oficiales, pone en serio riesgo el objetivo de déficit cero y el equilibrio fiscal alcanzado.

La normativa obliga al Estado a actualizar las partidas presupuestarias de las universidades nacionales, incluyendo una recomposición salarial para docentes y no docentes retroactiva a diciembre de 2023, además de reforzar los programas de becas estudiantiles. Ante la falta de fondos inmediatos, el Gobierno evalúa proponer un esquema de pago escalonado, mientras intenta ganar tiempo en la arena judicial.

El derrotero judicial y el rol de la Corte

Tras el rechazo legislativo al veto presidencial, la ley fue ratificada por la justicia en primera y segunda instancia. El Gobierno ya anticipó que acudirá a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario, aunque los asesores legales de la Casa Rosada son pesimistas: es poco probable que el máximo tribunal otorgue un efecto suspensivo. Esto significa que la apelación no frenaría la obligación de transferir el dinero de forma inmediata.

La crisis en números

El conflicto se desata en un contexto de fuerte deterioro para la educación superior:

• Caída real: Las transferencias a las universidades registraron una baja acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026.

• Salarios: El sector docente y no docente ha quedado sistemáticamente por debajo de la inflación en el mismo período.

• Postura del CIN: El Consejo Interuniversitario Nacional exige el cumplimiento inmediato de la cautelar vigente para evitar la parálisis del sistema.

Desde el entorno presidencial advierten que «hoy no tenemos los fondos», por lo que el oficialismo analiza minuciosamente el esquema legal para intentar postergar la ejecución del fallo sin incurrir en desacato, mientras el sector universitario mantiene el estado de alerta ante el inminente vencimiento del plazo.