San Juan, Argentina – Rosario Cortés Zmutt, la profesional de 30 años que generó pánico en el Hospital Rawson con una falsa amenaza de bomba el pasado 3 de junio, ha sido condenada a pagar una multa de 4 millones de pesos y a realizar trabajos comunitarios, tras alcanzar un acuerdo de probation con la Justicia.
El grave episodio ocurrió cuando Cortés Zmutt llamó al 911 alertando sobre la presencia de un supuesto artefacto explosivo en el principal centro de salud de la provincia. Esta falsa denuncia desencadenó la evacuación total del edificio, incluyendo a pacientes en terapia intensiva, y movilizó un amplio operativo de seguridad, generando un caos generalizado.
Pese a que nunca se han revelado públicamente los motivos detrás de su accionar, la mujer, quien se desempeñaba como residente en el hospital en ese momento, fue rápidamente identificada gracias a un rastreo telefónico y detenida bajo la imputación de intimidación pública.
Esta semana, el caso tuvo una resolución judicial. En lugar de enfrentar un juicio oral, la defensa, a cargo de la defensora oficial Cecilia Mut, logró un acuerdo con el fiscal Ignacio Achem, de la UFI Genérica. El juez Eugenio Barbera avaló este entendimiento y dictó la suspensión del juicio a prueba por un año.
Como parte de este acuerdo, Cortés Zmutt deberá abonar 4 millones de pesos en concepto de resarcimiento simbólico al Estado provincial y al Ministerio de Salud. Además, deberá cumplir 36 horas de tareas comunitarias en un plazo de tres meses. La Fiscalía de Estado, representada por los abogados Gabriel Sanz y José Herrero, dio el visto bueno al acuerdo, considerando razonable la sanción impuesta por el perjuicio institucional y operativo causado.
Con esta resolución, Rosario Cortés Zmutt evita registrar antecedentes penales. Sin embargo, el juez fue enfático al advertir que, en caso de reincidir en un delito, el beneficio de la probation será revocado y deberá enfrentar una condena real.
El delito de intimidación pública, tipificado en el artículo 211 del Código Penal argentino, contempla penas de dos a seis años de prisión para quienes infundan temor colectivo mediante amenazas o alarmas falsas.
Según trascendió, el llamado se produjo en el marco de una supuesta visita de autoridades gubernamentales al hospital. Aún no está claro si fue un acto deliberado para boicotear la jornada o un impulso emocional, pero lo cierto es que culminó con una intervención policial de gran magnitud, evacuaciones de alto riesgo y un profundo repudio social.
