La TV Pública y Radio Nacional, gestionadas por la empresa pública RTA bajo la presidencia de Eduardo González, atraviesan un período de intensas críticas y cambios profundos, impulsados por el gobierno de Javier Milei que busca disminuir al máximo la presencia de los medios públicos. La situación genera preocupación por la calidad de la programación, la precarización laboral y las políticas de privatización.
Búsqueda de Rentabilidad y Precarización Laboral
El principal objetivo de la actual gestión es que la TV Pública y Radio Nacional no generen pérdidas para el Estado. Esto se intenta lograr mediante el cierre de producciones propias y una fuerte apuesta a la tercerización de contenidos y la recaudación publicitaria. Sin embargo, esta estrategia, que ya generó denuncias por desvíos de fondos en gobiernos anteriores, sigue siendo el método preferido.
En este esquema, las productoras privadas asumen el pago de sueldos de figuras, conductores y panelistas, mientras que el canal se hace cargo del «costo hundido» (sueldos y equipamiento técnico). La ganancia de la publicidad se reparte en un 50% para la productora y 50% para el canal.
La situación económica de los trabajadores de los medios públicos es crítica. Históricamente con salarios por encima del promedio de la industria privada, sus ingresos se encuentran ahora congelados, incluso por debajo del índice inflacionario. Se anticipa una nueva propuesta de retiros voluntarios y, si no son suficientes, desvinculaciones directas, sin importar las protestas de los gremios.
Programación Cuestionada y Polémicas por Contenidos
La programación actual de la TV Pública es tildada de «anodina, tercerizada y con bajo rating». Los «tanques» del canal son programas de chimentos o panelistas que emulan emisiones de radio de baja factura, buscando recaudar publicidad en acuerdos poco claros para un canal público que debería ser de excelencia.
Una de las mayores polémicas ha sido la posible emisión de la serie animada estadounidense «Tuttle Twins», auspiciada por la fundación Libertas, asociada a instituciones conservadoras. Esta serie, criticada por su contenido «adoctrinador» y por intentar «humillar el legado intelectual de Karl Marx», ha generado un fuerte debate. Fuentes de RTA indican que el propio Eduardo González decidió «freezar» su emisión por considerarla «demasiado».
Además, la apuesta de la TV Pública por las redes sociales y el streaming también ha generado controversia. La adaptación del Estudio 8 (histórico escenario de recitales) a un «streamroom» para transmisiones en vivo de entretenimiento fue blanco de críticas cuando se desmintió que se pagó una suma excesiva (más de 15.000 dólares) a una entrevistada, «la China Suárez», para participar en el debut del programa «La pasión».
Restricciones a la Libertad de Expresión
Mientras la directiva se enfrasca en polémicas, los trabajadores denuncian sueldos precarios y restricciones a la libertad de expresión. Han señalado limitaciones para cubrir hechos violentos, como los ocurridos en el Congreso durante una de las marchas, donde no se permitió utilizar la palabra «represión» ni dar voz a opiniones críticas sobre los temas parlamentarios.
El «desguace» de Radio Nacional y la TV Pública es un objetivo claro para funcionarios cercanos al Presidente, quienes observan que, a pesar de los retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas de 2024, este proceso no avanza con la rapidez deseada.
