El juez federal Leopoldo Rago Gallo imputó a 11 personas por su presunta participación en una red de narcotráfico que operaba desde el Servicio Penitenciario de San Juan. La investigación, a cargo del fiscal Fernando Alcaraz, reveló un entramado delictivo que generó movimientos de dinero por más de 590 millones de pesos en un año.
La banda, que presuntamente operaba con la complicidad de personal penitenciario, fue desbaratada gracias a escuchas telefónicas que permitieron a los investigadores de la Policía Federal y de la Dirección de Drogas Ilegales seguir la pista de Danisa Yasmín Aveiro, sospechada de ingresar droga para su pareja, el recluso Cristian Jesús Latorre.
El negocio de la droga tras las rejas
La investigación demostró que la venta de estupefacientes dentro de la cárcel era mucho más lucrativa. La droga, que ingresaba por medio de visitas y familiares, se vendía a precios más altos, lo que reportaba mayores ganancias a los involucrados.
Entre los principales imputados se encuentran Leonardo Jesús Arias, quien cumplía una condena por drogas, y Sebastián Humberto Tobal, señalado como el supuesto “jefe de pabellón”. Tobal, que cumple una condena de 20 años por un homicidio en 2015, tenía en su celda gran cantidad de pastillas. En la celda de Latorre se encontraron 47 gramos de cocaína.
Detalles de la operación y los imputados
La red se extendía más allá de los muros de la prisión. La pareja de Tobal, María Fernanda Ormeño, fue detenida con 425 gramos de marihuana, una pistola y pastillas en su domicilio. A su vez, un pariente de ella, Carlos Alberto Ormeño, también fue imputado por vender droga en la cárcel que presuntamente le proveía su pareja, Rocío Rojas. Esta última fue la única excarcelada por el juez, debido a un «embarazo de alto riesgo».
Otros acusados incluyen a Gustavo Martín Chávez Ganga, con condena previa por narcotráfico; la madre e hijo Sonia Graciela Ontiveros y Franco Mario Escoda; y Ricardo David Morales.
El juez Rago Gallo dictó 90 días de prisión preventiva para 10 de los 11 imputados y otorgó el mismo plazo a la Fiscalía para continuar con la investigación. Mientras tanto, las autoridades buscan a varios prófugos, entre ellos el supuesto proveedor, Leonardo Saavedra.
