El fiscal Cristian Catalano confirmó que hay cuatro implicados identificados: dos mayores bajo prisión preventiva y dos menores a disposición de la jueza Julia Camus. La Fiscalía sostiene que los adultos abusaron de una mujer y de su hija menor de edad utilizando un arma blanca. Uno de los detenidos cuenta con antecedentes por delitos sexuales.

SAN JUAN – La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos contra la Propiedad avanza con paso firme en la recolección de pruebas tras el brutal asalto y ataque sexual perpetrado en el interior de una vivienda de Concepción, Capital. El fiscal de la causa, Cristian Catalano, ratificó que la gravedad del concurso de delitos imputados dibuja un escenario judicial severo para los autores, estimando que la expectativa de la pena final podría superar ampliamente los 20 años de prisión efectiva.

La investigación penal preparatoria se encuentra formalizada con un plazo de instrucción de 12 meses. Hasta el momento, el expediente cuenta con cuatro imputados identificados: dos sujetos mayores de edad —quienes ya cumplen una medida de prisión preventiva por el término de seis meses en el Servicio Penitenciario Provincial— y dos adolescentes cuyas situaciones procesales fueron derivadas a la Justicia de Menores.

Abuso sexual doblemente agravado y el uso de arma blanca

La hipótesis fáctica que reconstruyó el Ministerio Público Fiscal revela detalles espeluznantes sobre el modus operandi desplegado por la banda durante el asalto. Según describió el fiscal Catalano, las denunciantes —una mujer y su hija menor de edad— sufrieron agresiones físicas y fueron amenazadas constantemente con un arma blanca para que no se resistieran.

El vejamen escaló a niveles de extrema violencia cuando los dos delincuentes mayores de edad se dividieron para perpetrar los ataques sexuales:

• Ataque a la menor: Uno de los imputados mayores sometió sexualmente a la adolescente.

• Ataque a la progenitora: El segundo delincuente mayor de edad abusó de la madre de la menor en otra habitación del inmueble.

Catalano reveló un dato que complica severamente la situación de uno de los detenidos: ya cuenta con antecedentes computables por delitos de índole sexual, arrastrando una investigación previa en curso por hechos similares.

El rol de los menores y la intervención del Juzgado de Menores

Respecto de los otros dos involucrados de corta edad, el fiscal explicó que las actuaciones fueron giradas al Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, bajo la tutela de la jueza Julia Camus. El funcionario aclaró que los adolescentes serán juzgados bajo el régimen penal de minoridad que se encontraba vigente en la provincia antes de las reformas de baja de imputabilidad tratadas en el Congreso de la Nación.

A pesar de no haber ejecutado de forma directa los abusos físicos, el fiscal asignó una responsabilidad penal de fuste a uno de los adolescentes:

Participación activa: “Entendemos que no tuvo una participación física, pero sí emocional y con violencia para con las víctimas”, precisó Catalano, argumentando que el menor actuó como un factor de amedrentamiento y contención psicológica para evitar que las damnificadas pudieran gritar o pedir auxilio a los vecinos del barrio.

Peritajes en curso y asistencia interdisciplinaria

La Fiscalía aguarda los resultados de las aperturas de los teléfonos celulares secuestrados a los sospechosos, peritajes tecnológicos de los cuales se espera obtener mensajes o geolocalizaciones que los ubiquen en tiempo y espacio en la escena del crimen. Además, se fijó fecha para realizar una nueva rueda de reconocimiento de personas con un imputado que fue aprehendido días después del hecho principal.

Dada la sensibilidad del caso, Catalano enfatizó que las víctimas se encuentran bajo la asistencia permanente de los gabinetes interdisciplinarios de la Fiscalía (psicólogos y trabajadores sociales) para su contención integral.

De cara al futuro procesal, el fiscal remarcó que la meta es elevar la causa a un juicio oral y público. No obstante, no cerró las puertas a una salida alternativa como un juicio abreviado, aclarando que esa vía «se evaluará exclusivamente junto a las damnificadas y conforme avance el cuadro probatorio de la investigación».