En una nueva medida enmarcada en su plan de ajuste estatal, el Gobierno de Javier Milei ha dispuesto la disolución del Instituto Nacional del Agua (INA) y la fusión del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). La decisión fue oficializada este miércoles mediante la publicación del Decreto 396/2025, que busca «eliminar estructuras intermedias para optimizar el gasto público en el marco del proceso de desregulación y racionalización del Estado».
Según el decreto, el Instituto Nacional del Agua (INA), hasta ahora dedicado al estudio, capacitación y difusión de conocimientos sobre los recursos hídricos, pasará a operar como una unidad organizativa bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas. El Ejecutivo asegura que estas tareas podrán ser llevadas adelante «con el mismo rigor técnico desde una estructura más simple y centralizada».
Por su parte, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), creado por ley en 1972 y con sede en San Juan, cuyas funciones incluyen la generación de normativa antisísmica y el estudio de riesgos geológicos, será absorbido por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). El SEGEMAR, que ya comparte competencias vinculadas a la geociencia y la prevención de desastres naturales, incorporará todas las funciones, recursos y personal del INPRES.
La norma, firmada por el Presidente, se inscribe en el objetivo gubernamental de «reducir el sobredimensionamiento del Estado, mejorar la coordinación interjurisdiccional y centralizar funciones técnicas y operativas en áreas clave del Ministerio de Economía». De acuerdo con fuentes oficiales, esta reestructuración resulta en «dos institutos menos y una gestión más centralizada».
El Gobierno ha enfatizado que las funciones técnicas esenciales de los organismos disueltos o fusionados no se verán afectadas. El decreto especifica que el personal continuará en sus funciones «con sus cargos y situación de revista», y los créditos presupuestarios y bienes pasarán a las nuevas estructuras. Asimismo, se ha explicitado que se mantendrán las capacidades técnicas y los estándares de calidad.
No obstante, la medida ya ha comenzado a generar inquietud en sectores científicos y técnicos. Estos grupos advierten sobre el posible debilitamiento de funciones consideradas sensibles, como la prevención sísmica en un país con actividad telúrica relevante, o la gestión integral del agua en un contexto climático complejo, donde la planificación y el estudio de los recursos hídricos son de vital importancia.
