El Gobierno argentino ha anunciado la eliminación temporal de las retenciones a las exportaciones de granos, una medida popularmente conocida como “dólar soja”. El objetivo principal es acelerar el ingreso de hasta US$7.000 millones en divisas para finales de octubre, con el fin de contener la presión sobre el tipo de cambio y fortalecer las reservas del Banco Central.
Esta inyección de dólares es crucial para que el país pueda hacer frente a vencimientos de deuda por US$9.000 millones en 2026. Sin embargo, la medida tiene un costo: una pérdida fiscal estimada en 0,23% del PBI, de la cual 0,14% afectará directamente las cuentas públicas de 2025. Este impacto fiscal, sumado a otros gastos imprevistos en áreas como educación y salud, aumenta la necesidad de futuros recortes para mantener el equilibrio.
Riesgo fiscal y relación con el FMI
La decisión del Gobierno aumenta la probabilidad de que incumpla las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La meta de acumular US$8.000 millones en reservas este año ya no se cumplió. A pesar de que el FMI otorgó un «waiver» (perdón) en julio, elevó la exigencia de superávit fiscal para 2026 a 1,6% del PBI.
En el Presupuesto 2026, el Gobierno ajustó sus proyecciones a un superávit primario de 1,5% y uno financiero de apenas 0,3%. No obstante, la eliminación de las retenciones compromete estos objetivos, ya que se llevará casi la mitad del superávit financiero proyectado para este año. Según la Asociación Argentina de Contribuyentes Agropecuarios (ARCA), las retenciones ya habían aportado $5,8 billones al fisco en los primeros ocho meses del año, con una recaudación irregular que resalta la volatilidad de estos ingresos. La medida actual intensifica la presión sobre la política económica y el frágil acuerdo con el FMI.
