BUENOS AIRES – Tras el rechazo del veto presidencial en el Senado, la Ley de Emergencia en Discapacidad ha sido ratificada, estableciendo una serie de medidas que impactarán directamente en las prestaciones de salud, pensiones y beneficios laborales para las personas con discapacidad en Argentina. La ley, que rige en todo el territorio nacional, declara la emergencia en el sector hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga.
Principales puntos de la ley:
- Actualización de prestaciones: La normativa exige la actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación acumulada desde el año 2023. Además, se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar sus aranceles mensualmente, utilizando como referencia los índices de inflación del INDEC.
- Pensiones no contributivas: Uno de los puntos más importantes es la reforma del sistema de pensiones. A partir de ahora, las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio. Un cambio significativo es que las personas que reciban este beneficio podrán trabajar, siempre y cuando sus ingresos no superen los dos salarios mínimos.
- Impacto fiscal y auditoría: La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) ha estimado que el impacto fiscal de la ley podría oscilar entre 1.889.371 millones y 3.627.495 millones de pesos, dependiendo de la cantidad de nuevas altas de beneficiarios. Para garantizar la transparencia, la Agencia Nacional de Discapacidad realizará una auditoría para asegurar que la evaluación de los beneficiarios sea justa y se base en criterios de salud e integridad socioeconómica.
- Incentivos laborales: La ley también busca fomentar la inclusión laboral. Los empleadores que contraten a personas con certificado de discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del 50% de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones durante un período de tres años.
