Casi cinco años después del fallecimiento de Melín Agustina Sartori, de 24 años, la Cámara Federal de Apelaciones dictaminó que su deceso fue causado por una trombosis con trombocitopenia inducida por la dosis contra el Covid-19. La Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas reconoció el nexo causal y el Estado argentino deberá indemnizar a la familia con 95 millones de pesos.

CÓRDOBA – En una resolución judicial sin precedentes en el país, la Justicia Federal de Córdoba determinó de manera oficial que el fallecimiento de Melín Agustina Sartori, una joven de 24 años que murió a mediados de 2021, estuvo directamente relacionado con los efectos adversos de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19. La histórica sentencia fue dictada por la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones, la cual falló a favor de María Virginia Ruiz, madre de la víctima.

De acuerdo con el dictamen de los magistrados, el cuadro clínico que desencadenó el deceso de Sartori estuvo provocado por una trombosis con trombocitopenia (un trastorno poco frecuente caracterizado por la formación de coágulos sanguíneos e inflamación acompañados de un bajo conteo de plaquetas), vinculándose de forma directa con la aplicación de la primera dosis del componente de origen ruso.

Un proceso sin precedentes y la falta de farmacovigilancia

El abogado representante de la familia, Martín Barbará, dialogó con el diario Clarín y subrayó la complejidad que revistió el armado de una causa de estas características. “Fue un proceso novedoso. Tocaba toda una cuestión que no estaba estandarizada”, explicó el letrado, haciendo alusión a que, al momento de iniciarse el reclamo legal, no existían protocolos ni vías administrativas claras para denunciar secuelas severas ligadas a la campaña de vacunación de emergencia.

Barbará remarcó además que, tras un exhaustivo control de jurisprudencia, este fallo representa el primer antecedente de este tipo en la historia judicial argentina. En los considerandos de la resolución, los jueces de la Cámara Federal dejaron expresamente asentado:

«Con los elementos científicos y probatorios reunidos en el expediente, es posible concluir que el evento se encuentra relacionado a la colocación de la vacuna Sputnik V«.

Asimismo, el letrado introdujo una severa crítica a los esquemas de aprobación de la época, sosteniendo que el componente Sputnik V «no tenía farmacovigilancia», apuntando a la ausencia de un monitoreo estatal continuo y transparente para detectar, procesar y prevenir reacciones adversas graves en la población.

Cronología de una descompensación fulminante

Según consta en las declaraciones de su entorno íntimo y los registros médicos incorporados al expediente, Melín Sartori era una joven deportista, sana y que no presentaba ninguna comorbilidad ni patología de base previa al año 2021.

La secuencia que terminó con su vida se desarrolló en apenas dos semanas:

• 15 de julio de 2021: Recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V en uno de los centros de vacunación oficiales de la ciudad de Córdoba.

• 21 de julio de 2021 (6 días después): Comenzó a manifestar fuertes cefaleas (dolores de cabeza) acompañadas de episodios de vómitos recurrentes, lo que motivó su traslado a un centro médico e inmediata internación.

• Evolución del cuadro: Una vez internada, la trombosis generó un severo y acelerado cuadro de deterioro neurológico de carácter irreversible.

• 29 de julio de 2021 (14 días después): Se produjo el fallecimiento de la joven.

El rol de la CoNaSeVa y el resarcimiento económico

La pieza clave que destrabó el litigio a favor de la familia fue la intervención de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa). El organismo técnico nacional revisó minuciosamente el historial clínico de Sartori y, en consonancia con la evolución del consenso médico y los papers científicos internacionales publicados con posterioridad a la pandemia, reclasificó el evento adverso reconociendo formalmente el nexo de causalidad entre el fármaco y la trombosis.

Tras la convalidación del fallo, el tribunal dispuso que el Estado argentino ejecute el pago de una indemnización y resarcimiento económico a la madre de la víctima que asciende a una cifra aproximada de 95 millones de pesos, amparándose en el marco regulatorio de los fondos de reparación previstos para la campaña nacional de vacunación.