La filtración de imágenes de viajes a Europa y bienes de alta gama pertenecientes a la pareja del jefe comunal desató un pedido de informes en el Concejo Deliberante. Los vecinos reclaman por la falta de insumos básicos y obras en el municipio.

El «estilo de vida» bajo la lupa

La tranquilidad de Colalao del Valle se vio interrumpida tras la viralización de contenidos que exponen el presunto nivel de vida de la pareja de Gastón Gustavo Morales (65), el intendente de la localidad. Según los testimonios y registros que circulan, la joven de 24 años habría adquirido recientemente un iPhone de última generación y una camioneta RAM 0 km, un vehículo cuyo valor de mercado asciende a varios millones de pesos.

A esto se le suman publicaciones en destinos internacionales de élite, como Miami, Cancún y diversos puntos de Europa, donde en varias ocasiones se la ve acompañada por el propio mandatario municipal.

Contraste social: «No hay plata para la ambulancia»

El revuelo no se limita a la vida privada del funcionario, sino al marcado contraste con la realidad del municipio. Los vecinos denuncian una parálisis en la gestión pública que afecta el día a día de la comunidad:

• Salud: Falta de insumos críticos en el hospital local.

• Infraestructura: Calles sin asfaltar y obras de campaña que permanecen detenidas.

• Servicios: Demoras en el mantenimiento de vehículos esenciales como las ambulancias.

«Acá no hay plata para arreglar una ambulancia, pero sí para viajes y camionetas», sentenció un comerciante local, resumiendo el sentimiento de indignación que recorre las calles del pueblo.

La ofensiva política y la defensa oficial

La controversia escaló rápidamente al plano institucional. Concejales de la oposición presentaron un pedido de informes formal para que el Ejecutivo aclare el origen de los fondos utilizados para financiar dichos bienes y viajes. El objetivo es determinar si existe una incompatibilidad patrimonial o, en el peor de los casos, una malversación de caudales públicos.

Desde el entorno de Morales intentaron bajarle el tono a la polémica asegurando que se trata de «gastos de la vida privada» y que no existen irregularidades administrativas. No obstante, la ausencia de documentación pública que respalde estas afirmaciones ha alimentado aún más las sospechas.

El caso trascendió las fronteras de la localidad y se convirtió en tendencia regional bajo el irónico apodo de «el Sugar Daddy municipal». Mientras la opinión pública presiona por respuestas, crece la posibilidad de que la Justicia provincial inicie una investigación de oficio por presunto enriquecimiento ilícito o uso indebido de recursos del Estado.