SAN JUAN – La propuesta de la nueva Ley de Transporte impulsada por el Ejecutivo provincial ha generado una fuerte controversia en San Juan, cuyo debate más reciente y acalorado se plasmó en el aire de Radio Mitre 95.1. El proyecto, que busca modernizar el sistema y permitir la operación de plataformas de alquiler de vehículos, es resistido por sectores clave del transporte tradicional, incluyendo taxistas y remiseros.
La polémica se intensificó con un fuerte intercambio de acusaciones entre el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, y el abogado Gonzalo Rojas, representante de los sectores afectados.
El Ejecutivo: «Beneficiar al Trabajador de Verdad»
El secretario Molina defendió la ley, negando que haya sido apresurada y asegurando que cumple con el compromiso del Gobernador de reformar un sistema que padece problemas de «concentración,» «alquiler de licencia» y «compraventa de licencia.»
Molina fue categórico al afirmar que la oposición proviene de aquellos que se han «visto beneficiados o son los beneficiarios del sistema como está,» acusándolos de querer «mantener el estatus quo». El funcionario sostuvo que su gestión busca incluir a la mayoría y beneficiar al usuario y al «trabajador de verdad».
El Secretario también cuestionó la voluntad de diálogo de los opositores, señalando que, a pesar de haber sido convocados a la Legislatura en dos ocasiones, no asistieron a la segunda ni acercaron propuestas de cambio, lo que, a su juicio, demuestra su intención de «mantener lo que está».
Transportistas: «Defensa del Sistema y Falta de Consenso»
Por su parte, el abogado Gonzalo Rojas, que representa a taxistas, remiseros y servicios contratados, rechazó tajantemente las acusaciones de Molina sobre la defensa de «intereses de unos pocos.» Rojas, quien fuera director de Transporte, insistió en que la discusión fundamental es la defensa de los taxistas que «laburan en las paradas o con aplicaciones» y que se verán «fuertemente afectados».
El abogado replicó la narrativa oficial al señalar que no se convocó a los sectores para escuchar sus reclamos y modificar el proyecto, lo que hubiera permitido crear una ley «más real.» Incluso, Rojas reveló que la única ayuda recibida provino de diputados peronistas, quienes sí les abrieron las puertas para presentar sus propuestas y desacuerdos.
Rojas afirmó que el proyecto se ha frenado por la manifestación de «gente trabajadora» en las calles, lo que demuestra la falta del consenso esencial para una ley de tal magnitud. Además, amplió el impacto de la ley, señalando que afecta también a los servicios contratados, cuyo trabajo es invadido por colectivos subsidiados de la Red Tulum.
Molina, sin embargo, reiteró que su postura no es política y que está dispuesto a ir «las veces que sea» a la Cámara de Diputados si es convocado.
